A estas alturas es casi incuestionable que la determinación del Gobierno de Canarias de aprobar y licitar el proyecto de ampliación del puerto de Agaete es un acto político totalmente autoritario que responde, únicamente, a las demandas de grandes empresas privadas camufladas, perversamente, bajo el paraguas del interés general. Tal vez parezca exagerado hablar de autoritarismo político, pero basta con repasar en las hemerotecas o en las redes sociales los argumentos y datos expuestos por quienes nos oponemos a este proyecto y las justificaciones esgrimidas desde el Gobierno de Canarias en su defensa, para comprobar que estamos ante un nuevo caso de uso despótico de las instituciones para derivar fondos, en este caso europeos, hacia obras innecesarias, de gran impacto ambiental y que solo benefician a determinados grupos empresariales, bajo un supuesto y manido “interés general”.

En este sentido, frente a los datos que demuestran que la construcción del muelle existente no ha servido para dinamizar la economía del norte de Gran Canaria, que no ha favorecido la creación de empleo en el municipio de Agaete, que las cifras de movimientos de pasajeros y mercancía indican que opera a un tercio de su capacidad o que la propia Declaración de Impacto Ambiental, del nuevo proyecto, reconoce el deterioro paisajístico y ambiental que supondría su construcción. Frente a la fuerte contestación social a este desafortunado proyecto e, incluso, a la reciente oposición por parte del propio ayuntamiento, la postura del gobierno conservador de Coalición Canaria, es desoír y continuar adelante con argumentos vagos o sin fundamentar, o con respuestas que desprecian la inteligencia de la población, como la del vicepresidente del gobierno, Pablo Rodríguez, que manifestó que “la actuación del puerto de Las Nieves no supone la construcción de un segundo muelle sino el traslado del actual mar adentro”. Hemos de recordar que el proyecto presentado por el ente público Puertos Canarios, dependiente del vicepresidente, se denomina “Obra de ampliación del Puerto de Agaete” y no obra de traslado del Puerto de Agaete y que plantea, además, la construcción de un nuevo dique de una longitud de 530 metros para dar cabida a dos atraques comerciales, 234 embarcaciones deportivas y arrinconar definitivamente a los pescadores artesanales.

Esta ampliación ya adjudicada, con un estudio ambiental incompleto y una justificación socioeconómica deficiente, que va a suponer la apropiación y destrucción innecesaria del espacio común y público de una costa de enorme valor ambiental y paisajístico, asciende a 44 millones de euros que irán directamente a las arcas de OHL y Los Hermanos García Álamo S.L. (Hermanos Tito). ¿Es realmente necesario gastar ese dinero en ampliar de una manera desproporcionada un puerto infrautilizado?, ¿el interés general no sería realmente fomentar el uso racional de las infraestructuras ya existentes y destinar esos fondos a cuestiones más necesarias y urgentes en Canarias como, por ejemplo, luchar contra la pobreza y la exclusión social?. El gobierno de Canarias destinó para afrontar este problema, en los presupuestos de este año, menos de la mitad del coste del proyecto de macromuelle, 21 millones de euros. Una cantidad exigua en la comunidad autónoma con la mayor tasa de riesgo de pobreza o exclusión social, un 44,6% según el informe de AROPE sobre el estado de la pobreza en España de 2017.

El economista Federico Aguilera describe este despilfarro de dinero público en proyectos innecesarios, que no resuelven ningún problema real, como un fenómeno del capitalismo contemporáneo “que no puede funcionar sin el saqueo de lo público, de ahí que los gobiernos dediquen amplios esfuerzos a disfrazar las decisiones que toman para que parezcan que van en beneficio del interés general”. Creo que esto define con claridad y enmarca en su contexto la problemática en torno al proyecto de macromuelle en Agaete, así como la oposición y contestación social al mismo.

En este sentido, como otras luchas en defensa del territorio en el Archipiélago como Veneguera, Granadilla, Berrugo o Tindaya, el movimiento social frente a la construcción de esta gran infraestructura no es solo una oposición al impacto ambiental que sin duda va a generar, sino que plantea una crítica a un modelo de crecimiento ilimitado, basado casi exclusivamente en el binomio construcción-turismo, que es soportado por unas decisiones políticas autoritarias, y en algunos casos de dudosa legalidad, destinadas a satisfacer intereses privados con dinero público. De este modo, con la eterna cantinela de la creación de riqueza y empleo, aunque lo uno y lo otro sea muy cuestionable, se justifica cualquier macroproyecto que suponga una agresión a nuestro frágil y limitado territorio. Sirvan , por poner sólo ejemplos marinos, aunque los hay también aéreos y en tierra firme, los puertos fantasmas de Granadilla, Arinaga, Garachico o Tazacorte: ¿A quién ha beneficiado su construcción?, ¿qué influencia han ejercido sobre otros sectores?, ¿qué han supuesto a nivel estructural en la economía y empleo de sus áreas de influencia?.

Una vez más, el debate en esta nueva contienda ecologista va más allá de la problemática medioambiental y plantea una reflexión, tanto sobre el modelo de desarrollo impuesto en Canarias y su total alejamiento de los problemas de la ciudadanía, como sobre las deficiencias democráticas que evidencia un sistema que nos ha situado entre las comunidades más desiguales del estado. Cabe , en este sentido, hacernos algunas preguntas: ¿ Cómo se toman las decisiones políticas que afectan irreversiblemente a nuestro territorio y a sus gentes?, ¿a quién benefician esas decisiones que han creado una sociedad cada vez más desigual?, ¿bajo qué criterios objetivos se produce una declaración de interés general y qué indicadores se usan para evaluar su incidencia real en la población?, ¿supone el deterioro ambiental impulsado desde las administraciones, sin debate ni participación pública, un deterioro de la calidad de la democracia?, ¿puede un partido político enquistado en el gobierno desde hace décadas, gracias a un sistema electoral de cuestionable legitimidad democrática, decidir en minoría el destino de un territorio?, ¿ tiene sentido la realización de consultas no vinculantes sobre proyectos innecesarios, que generan un gran impacto, benefician intereses privados y no resuelven problemas reales o son estrategias políticas para no mojarse?

En definitiva, la lucha contra el muelle de Agaete, vuelve a poner en evidencia las contradicciones del modelo desarrollista canario, basado en el turismo de masas y la construcción masiva, y las deficiencias de una democracia que aísla a la ciudadanía de la toma decisiones políticas. Pero plantea al mismo tiempo, desde los movimientos sociales, la necesidad de un giro hacia políticas públicas ambiental y socialmente justas, que pongan por encima de los grandes intereses empresariales al territorio en el que vivimos y a quienes en él habitamos.