Comunidad y Ayuntamientos de Madrid (IVIMA y EMVS) han abandonado a su suerte a varios miles de familias, tras vender a los fondos buitre las viviendas de las que eran legales adjudicatarias. De la noche a la mañana han visto cómo les cambiaban las condiciones, obligándoles a pagar el IBI o la tasa de basuras, arrebatándoles las juntas de administración vecinal o no renovándoles las ayudas al alquiler de las que eran beneficiarias. Esto ha supuesto, en muchos casos, una subida en los costes de alquiler de entre tres y cinco veces lo que pagaban antes de esa venta fraudulenta. Venta, que equivale a renunciar por decreto a disponer de un parque de vivienda pública digno, a la vez que se dilapida el dinero invertido por la ciudadanía madrileña, malvendiendo a precio de ganga lo que era nuestro, a esos pocos que buscan enriquecerse a nuestra costa.
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